Redacción./ El Consejo sectorial de Protección Animal ha propuesto al Ayuntamiento que implante la identificación genética por ADN como herramienta obligatoria para detallar la identidad de cachorros y perros de mayor edad, en este último caso, se permite un plazo de un año.
Esta medida es complementaria a la colocación obligatoria de chips de identificación. La idea es crear una base de datos basada en la identificación genética por ADN que contenga la información principal relativa a cada animal y a su responsable. Se trata de una herramienta que posibilita la identificación del perro en cualquier caso puesto que requiere de un simple análisis. Se evitaría así cualquier intento de extracción del chip identificativo para evitar responsabilidad al dueño.
Mediante un simple análisis, se cubriría una triple funcionalidad: protección animal, puesto que se conocería rápidamente de quién es un perros y camadas abandonados o hallado maltratado, recuperación de animales perdidos o sustraídos y saber quién es el responsable de recoger los excrementos abandonados en la vía pública, fomentando un mayor civismo entre los dueños de perros que no recogen los excrementos del animal.
Una vez conocida esta propuesta, el Ayuntamiento estudia los requerimientos técnicos y jurídicos para hacerla viable. Así, elaborará un informe que planteará de nuevo al consejo sectorial.
Salvamiento de animales en situaciones de emergencia
Este Consejo sectorial de Protección Animal -compuesto por asociaciones de protección animal, entidades sociales, veterinarios, universidad, DGA y grupos políticos- ha propuesto, además, la posibilidad de modificar la ordenanza municipal para permitir a protección civil acceder a zonas privadas en situaciones de emergencia para el salvamento de animales.
La normativa no ampara el acceso a la propiedad privada sin permiso del propietario para el rescate de animales en situaciones de emergencia, como las inundaciones por la crecida del Ebro que estos días se están produciendo. El Ayuntamiento de Zaragoza elaborará un informe jurídico para conocer si es posible llevar a cabo este planteamiento y cómo hacerlo.