Redacción:/ La Comunidad Autónoma de Aragón se acogió a principios de este año al denominado Fondo de Facilidad Financiera (FFF), una vía de financiación autonómica que le ha permitido obtener prácticamente sin intereses a través del ICO hasta 1.193 millones de euros. Este dinero se destina específicamente a vencimientos de amortizaciones de deuda e intereses (522,8 millones), liquidación negativa de los anticipos a cuenta de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE) de 2008 y 2009 (35,3 millones), y saldo de déficits anteriores (635,3 millones de euros). Este último tramo se subdivide a su vez en la cuantía correspondiente al déficit autorizado en 2015 -el 0,7% del PIB regional- (240,3 millones) y el pago de facturas pendientes de proveedores de la Administración (395 millones de euros).
El pasado 29 de julio, poco después de la constitución del Ejecutivo salido de las elecciones autonómicas del 28 de mayo, el consejero de Hacienda y Administración Pública, Fernando Gimeno, solicitó al Secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, renovar la adhesión de la Comunidad al FFF para 2016 -a pesar de rebasar las ratios de estabilidad presupuestaria-, alegando que estaba en elaboración un plan económico-financiero para corregir las desviaciones.
Pero el 3 de agosto el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas notificó su negativa a la permanencia de Aragón en el FFF fundamentalmente por el incumplimiento del déficit de 2014, cuyo objetivo del 1% del PIB regional (de 33.162 millones de euros) se elevó al 1,66% (un desfase de 551 millones). El Ministerio también recordaba el incumplimiento del objetivo de deuda pública, fijado finalmente en el 17,9%, aunque en este caso la desviación fue mucho menor, de sólo dos décimas (el 18,1%), con un montante total de 6.010 millones en ese ejercicio.
No obstante, la propia Hacienda estatal planteaba la posibilidad de incorporarse al llamado Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), que de no solicitarse sería automática. En la práctica ambos fondos proporcionan recursos para los mismos fines, si bien el FLA está sujeto a una supervisión y control más exhaustivo que el FFF por parte del Gobierno central.
Mientras en caso de no tener acordado un plan de ajuste, como sucede a Aragón y casi todas las demás Comunidades Autónomas, el Fondo de Facilidad obliga a informar al Ministerio del escenario económico-financiero del ejercicio corriente y el siguiente con una periodicidad trimestral, el Fondo de Liquidez obliga, además de a acordar un plan de ajuste, a enviar información actualizada dicho plan cada mes y someterse a cualquier requerimiento de información adicional. De todas formas, actualmente el flujo informativo entre los gobiernos central y autonómicos ya es muy intenso, al margen de en qué fondo esté cada comunidad, debido al incumplimiento generalizado de los ratios de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
El paso al FLA en vez del FFF refuerza, eso sí, la exigencia por parte del Gobierno central de un plan económico-financiero actualmente en proceso de elaboración y que está previsto presentar el próximo otoño, si bien el consejero de Hacienda y Administración Pública, Fernando Gimeno, ha advertido públicamente que, así como el cumplimiento del objetivo de déficit del 1% del PIB regional este año es prácticamente imposible como ha acreditado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) en la práctica totalidad de las CC.AA, el objetivo del 0,7% impuesto para todas el próximo año también será muy difícil de alcanzar.
A pesar de incumplir también los objetivos de estabilidad presupuestaria en 2013, Aragón pudo acogerse temporalmente al FFF a principios 2015 merced a la excepción establecida por Real Decreto Ley que reguló dicho fondo en diciembre del año anterior únicamente para el ejercicio en curso.
Gimeno ha criticado pública y reiteradamente que el anterior Ejecutivo autonómico decidiera no acogerse desde el principio al FLA, “intentando dar una falsa imagen de solvencia”, porque la consecuencia fue que, a diferencia de otras comunidades que aceptaron abiertamente ser intervenidas y accedieron a créditos al 0%, Aragón tuvo que acudir durante los anteriores ejercicios a financiarse a los mercados con unos elevados intereses; del 4,09% en 2013 o del 3,63% en 2014.
En cambio, la adhesión al FFF este año permitió que la Comunidad firmara el 18 de marzo con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) un contrato de préstamo de hasta 1.193,5 millones de euros, con un plazo de amortización entre 2018 y 2025 ambos inclusive, dos años de carencia desde la fecha de disposición hasta el 31 de enero de 2018 (con un interés del 0 %) y, a partir de esa fecha, el 0,834 % de tipo fijo anual.
Las ventajas del FFF frente a las que ofrece el mercado se traducen, según la estimación realizada en la elaboración del presupuesto de la Comunidad para este año, en un ahorro en torno a los 12,6 millones de euros en el capítulo 3, de gastos financieros.
Las previsiones para 2016 con cargo a estos fondos de financiación de las Comunidades Autónomas que el Gobierno de Aragón ha trasladado al Ministerio de Hacienda y a la Dirección General del Tesoro ascienden a 566,8 millones de euros sólo en vencimientos de amortizaciones e intereses, lo que supone un incremento de 44 millones respecto a los 522,8 millones que el Fondo de Facilidad Financiera cubre este año para tal fin.
Todavía están por cuantificar otras necesidades para cubrir el déficit autorizado de años anteriores, las facturas de proveedores pendientes de pago y, en su caso, nuevas liquidaciones negativas de los anticipos a cuenta de la financiación autonómica. Por tanto, es probable que la necesidad total de financiación para 2016 con cargo ya al Fondo de Liquidez en vez del Fondo de Facilidad iguale al menos los 1.193 millones de este año.