Redacción.- El consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro, ha presentado junto a la Directora General de Vivienda y Rehabilitación, Mayte Andreu, los datos sobre viviendas vacías, procedentes de ejecuciones hipotecarias, que han proporcionado las entidades financieras.
José Luis Soro ha recordado que “en Aragón nadie se queda en la calle, somos capaces de dar una respuesta habitacional, en colaboración con otras entidades y administraciones”. Para lograr que esto siga siendo así, se puso en marcha el Decreto Ley 3/2015 que es, en materia de vivienda, “el más audaz, ambicioso, innovador pero, a la vez, el más realista. Hemos llegado hasta donde se podía llegar”.
José Luis Soro, ha destacado que “es la primera vez que se toma una medida de este tipo y es un ejemplo del compromiso social que tiene este Gobierno”. El primer paso para lograr este objetivo es crear “el Registro de Viviendas desocupadas para conocer la realidad de Aragón”.
Se ha recibido información de 14 entidades, entre bancos, inmobiliarias, fondos, Sareb… y, otras entidades han solicitado ampliar el plazo para presentar la documentación. La información que se reciba servirá para crear el Registro de Vivienda Desocupada de Aragón.
En estos momentos se ha informado sobre 2.471 viviendas en Aragón que están previsiblemente desocupadas y que proceden de ejecuciones hipotecarias en general. De estas viviendas, desde la Dirección General se contempla que, de entrada, el 50% son interesantes atendiendo a la demanda de vivienda social existente o la situación legal en la que se encuentran por lo que se iniciará el trabajo de cribado sobre 1.194 de ellas. De ellas 143 en comarcas altoaragonesas, 65 en las comarcas turolenses y 986 en las de Zaragoza. La mayoría de ellas en las capitales.
José Luis Soro ha pedido “prudencia porque esto no significa que tengamos 3.000 viviendas que mañana podamos poner al servicio de las políticas sociales del Gobierno de Aragón pero sí es un paso para aumentar progresivamente las viviendas de la Bolsa de la que disponemos”.
Mayte Andreu explica que “se revisarán las condiciones de habitabilidad de las mismas y si pueden ser interesantes para alguna de las 864 unidades de convivencia que tienen reconocido el derecho a vivienda social y están a la espera”.
Las viviendas que interesen se incluirán en la Bolsa de Vivienda Social del Gobierno de Aragón y se negociará con las entidades financieras el alquiler o, si no se llega a acuerdo, se establecerá una Orden desde el Gobierno de Aragón para que se incluyan y destinen a vivienda social.
La Bolsa de Vivienda Social del Gobierno de Aragón cuenta en estos momentos con 237 viviendas arrendadas y 70 que están vacantes, bien porque se ubican en zonas donde no hay demanda o porque están en proceso de arreglo. Hasta ahora, tan solo 6 viviendas de esta Bolsa proceden de entidades bancarias.
La lista de demandantes de vivienda social en Aragón se irá aumentando en los próximos meses ya que existen 1.792 solicitudes que ya se están tramitando y de las cuales, un alto porcentaje, verán cómo se reconoce su derecho a la vivienda social.