ZBN./ Del contenido de la carta ha hablado esta mañana el consejero de Presidencia, Vicente Guillén, que compareció junto al consejero de Hacienda, tras el consejo de Gobierno en el que se tomó conocimiento de la Ley de Función Pública y se acordó el pago del 25% de la paga extra de 2012 en la nómina del próximo mes de abril.
La contemplación de la deuda histórica. El cumplimiento de la bilateralidad en las relaciones entre el Gobierno de España y Aragón.
La culminación de las obras del Pacto del Agua y la conclusión de otras inversiones públicas
La referencia o consideración de la Comunidad Autónoma de Aragón como cauce institucional que recupere el diálogo entre el Gobierno de Madrid y Cataluña
La intervención del Gobierno de España para la definitiva solución del conflicto de los bienes religiosos.
El reforzamiento de Zaragoza como núcleo logístico del sur de Europa.
La mejora de las conexiones ferroviarias.
La observancia del problema demográfico.
La habilitación de un nuevo sistema de financiación autonómica
Estos son los aspectos más importantes de la carta que el presidente de Aragón, Javier Lambán, ha remitido a los líderes de los partidos políticos nacionales y a los diputados y senadores aragoneses como catálogo de las reivindicaciones aragonesas ante el gobierno que salga del actual proceso de investidura o de una nuevas elecciones.
El consejero Guillén fue taxativo. “El objetivo de déficit es imposible de cumplir y la deuda de las Comunidades Autónomas no deja de crecer año tras año. Si no hay pronto un nuevo sistema de financiación autonómica se pone en un grave peligro la prestación de los servicios públicos esenciales por parte de las comunidades autónomas.
De la misma forma, hay que revisar el margen del déficit y su distribución entre el Gobierno de España y las Comunidades Autónomas. En estos momentos, con el actual sistema, la deuda de las Comunidades Autónomas es impagable y habrá que buscar una fórmula para reducir esta deuda por parte del Gobierno de España pero a través de una reducción proporcional al PIB y no al montante global de la deuda de cada Comunidad”.