Redacción./ El consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro, ha explicado que “es un cambio orientado a que las políticas de vivienda del Gobierno de Aragón se centren en garantizar el derecho a una vivienda digna” y ha añadido que “se está en coordinación con el departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales”.
Hasta estos momentos, la Dirección General contaba tan solo con dos trabajadoras sociales en Zaragoza que dedicaban su labor a la mediación hipotecaria y al cumplimiento del convenio con el CGPJ en los casos de desahucios. En las Subdirecciones en Huesca y Teruel la labor se estaba llevando a cabo a través de personal del departamento de Ciudadanía y Servicios Sociales con la consiguiente carga de trabajo derivada ya que dedicaban una jornada a la semana.
La directora general de Vivienda y Rehabilitación, Mayte Andreu, ha explicado que en estos momentos se han incorporado una trabajadora social en Huesca y otra trabajadora social en Teruel. En Zaragoza, durante los primeros meses de planificación y trabajo, están cuatro trabajadoras sociales más que, finalmente, se consolidará en dos plazas.
El objetivo de este cambio en el organigrama es garantizar el derecho a una vivienda desde un punto de vista social y con un seguimiento que vaya más allá de “revisar una documentación y entregar las llaves de un piso” ha apuntado Mayte Andreu.
En este sentido se desarrollará una importante labor en el seguimiento y acompañamiento de las personas a las que se les adjudica una vivienda. Para la directora general es el momento también de revisar la situación de las personas que cuentan con una vivienda social “ver cuáles son las condiciones, si han cambiado desde la adjudicación, cuáles son las necesidades… saber cuál es la realidad de las personas que tienen concedida una vivienda y tomar decisiones a partir de criterios desde el punto de vista de lo social”.
Además, se trabajará para la actualización de la bolsa de vivienda social “para revisar las necesidades y situación de las unidades familiares que tienen el derecho reconocido y para introducir nuevos criterios a la hora de adjudicar viviendas” ha apuntado Mayte Andreu quien explica que “se tendrá en cuenta, por ejemplo, el lugar en el que están escolarizados los hijos”.
Además se continuará con las labores de mediación hipotecaria y, como novedad, de arrendamientos. Continuarán también las labores para el cumplimiento del Convenio de colaboración con el Consejo General del Poder Judicial y la FAMCP para evitar los desahucios.