Diego Medina Ruiz./ La nobleza consigue que el Rey Jaime I les restituya el libre comercio de la sal, no implante el impuesto por animales de labor o bovaje, Ribagorza pertenezca a Aragón y que en los pleitos entre ellos y o con el rey intervenga el Justicia.
Esta figura, consejero jurídico del mayordomo real hasta entonces queda como mediadora en los pleitos entre el rey y los nobles o entre ellos. La equidad se la asegura por un lado el rey al ser persona elegida por él y por lo tanto de su confianza y la nobleza porque debe de ser nombrada de entre los caballeros, esto es, de la nobleza (aunque baja).
Todos estos privilegios conseguidos bajo Jaime I comenzaron a peligrar con Pedro III y por ello, la nobleza se reunió en Tarazona y después en Zaragoza para defenderlos.
Pedro III, en difícil situación económica tras la campaña de Sicilia (a la que los aragoneses no quisieron ir), acechado por los franceses y enemigo del Papa acaba aceptando y a partir de entonces, el rey se debe al imperio de la ley.
Este Privilegio General beneficia mayormente a la nobleza pero constituye la novedad al incluir también a las villas y concejos. Es decir, el Reino queda bajo el imperio de la ley, los Fueros, y el Rey se debe a ellos debiendo jurarlos.
En cualquier caso, ha de contar con el consejo de los nobles, la justicia ha de ser gratuita (para evitar sobornos) y cada año ha de convocar corte en Zaragoza. Este “Pacto” impedía el gobierno personalista. Los Fueros, de tinte consuetudinario contradecían los usos del Derecho Romano y la imagen del “Emperador”.
Además, no solamente se trababa de los Fueros propiamente dichos sino también de las observancias y actos de corte que venían a completar la legislación. Las primeras marcan el carácter consuetudinario antes mencionado de la foralidad porque eran normas que se convertían en ley debido a su repetido uso o costumbre.
Las segundas le dan al “Pacto” un aire democrático porque, si bien, como con los fueros se elaboraban en conveniencia Rey-Reino, los actos de corte eran normas relativas al gobierno y administración, de cómo se debía llevar el país.
Esto explica lo contrarios que fueron los monarcas modernos absolutistas como Felipe II a los Fueros de Aragón, porque chocaban en primer lugar con la legislación castellana, donde la ley emanaba del soberano y no del reino y en segundo lugar porque éstas se anteponían a él.
Fernando II sobre todo, supo manejar la situación con los denominados fueros temporales, leyes que tenían determinados años de vigencia. Su nieto Carlos estuvo más ocupado en sus guerras por Europa pero Felipe II ya necesitó de más dinero y ahí comenzaron los problemas que llevaron a la invasión militar, la muerte del Justicia y la desaparición de gran parte de los privilegios.
Si bien, la nobleza fue la gran beneficiada, los fueros se iban ampliando y renovando con cada rey con lo que se iban haciendo extensivos a las villas, concejos y comunidades todo ello con tintes nacionalistas pero además, durante el S.XVI comenzó a circular (mas bien, comenzaron a hacer circular) el mito de los Fueros de Sobrarbe, de que el rey era uno entre iguales, el famoso “y si non, non” etc. que ayudó notablemente a que los aragoneses de a pie acudieran en defensa de los fueros ante el rey extranjero.
Con el resto de los austrias, los fueros continuaron renovándose recompilándose hasta su desaparición con el primer Borbón Felipe V con los Decretos de Nueva Planta. Por un lado, los aragoneses se aliaron en su contra durante la guerra de sucesión y debía hacerles pagar y hacer valer su autoridad y por otro, como francés y nieto del “Rey Sol” estaba educado en un modo de gobernar centralista que nada tenía que ver con el conglomerado de reinos de los que se componía la monarquía hispánica así pues, la ley castellana, cómoda para el rey absoluto era la más conveniente.
El 29 de Junio de 1707 los Fueros de Aragón se derogaron por completo. Hasta la llegada de la Democracia en 1977 no se volvió a hablar de ellos.