Redacción. La Universidad de Zaragoza acoge el III Congreso Anual del Observatorio de Contratación Pública, que reunirá, los días 5 y 6 de noviembre, a especialistas de universidades públicas y de la administración para analizar y debatir sobre los contratos públicos al servicio de políticas públicas.
La contratación pública se ha convertido en uno de los grandes focos de atención de los gestores públicos (se moviliza/invierte un 20 por ciento del PIB), de la ciudadanía (que exige rendición de cuentas) y de las instituciones de control de la legalidad y de eficiencia.
La Universidad de Zaragoza, a través del Observatorio de Contratación Pública, organiza esta cita que dirige el catedrático de Derecho Administrativo José María Gimeno Feliu y que cuenta con 350 asistentes especializados en la materia. El encuentro, uno de los principales que se desarrollan en España sobre este aspecto de las políticas públicas, se iniciará este martes, a las 9.15 horas, en el Aula Magna del Paraninfo y se clausurará el miércoles a las 13:30 horas con una conferencia del Interventor General del Estado, Pablo Arellano.
El nuevo sistema de transparencia, la prevención de la corrupción, la compra pública socialmente responsable, los sistemas dinámicos de catálogos electrónicos, la contratación pública en Universidades, centros de investigación y salud, y la protección de la confidencialidad en la contratación, protagonizarán los cinco paneles y tres talleres de este III Congreso Anual del Observatorio de Contratación Pública.
Las ideas fuerza del Congreso giran en torno a los siguientes ejes. La contratación pública -y su fundamento- ha cambiado de forma muy notable en los últimos años. De una visión burocrática de la compra pública, diseñada desde una perspectiva hacendística y con escasa prospectiva se ha evolucionado hacia la idea la contratación pública como “herramienta jurídica al servicio de los poderes públicos para el cumplimiento efectivo de sus fines o sus políticas públicas”. Por ello la contratación pública (que supone el 22 por ciento de los presupuestos públicos según los últimos datos) debe ser re-contextualizada desde la perspectiva de inversión y no de gasto.
Por ello, una nueva cultura de prevención de la corrupción es indispensable. En materia de contratos públicos existen (y han existido) prácticas contrarias al principio de integridad, y su carácter “estructural” (de distinta “intensidad”, y efectos, es cierto). Prácticas que se encuentran muy vinculadas a la ausencia de transparencia. Los efectos de la corrupción en la gestión administrativa son evidentes. Amén de una clara ineficiencia en la gestión de fondos públicos, es una pérdida de competencia que afecta a la solvencia cualitativa del sector empresarial. Sin una competencia real, la ejecución de obras, la adquisición de bienes o la prestación de servicios resulta más costosa para el erario público y deja al descubierto una importante desviación de recursos públicos. En tiempos de crisis como los actuales son muchos más visibles estos efectos, que provocan una evidente desafección ciudadana. La LCSP es una oportunidad para “rearmar” nuestro modelo de contratación pública desde la lógica de los principios de eficiencia, transparencia y buena administración, y evitar ineficaces soluciones formales (lo que aconseja una debida profesionalización y capacitación de gestores y órganos de control).
La contratación pública puede, y debe, ser una técnica que permitiera conseguir objetivos sociales, ambientales o de investigación, en la convicción de que los mismos comportan una adecuada comprensión de cómo deben canalizarse los fondos públicos. Se impone, pues, una visión estratégica de la contratación pública alejada de la rígida arquitectura del contrato administrativo y de planteamientos excesivamente burocráticos o formales. Lo que exige, por otra parte, repensar (y previamente planificar) en cómo utilizar de la mejor manera los procedimientos y técnicas de la contratación pública.
A este fin se orienta, no sin incertidumbres, la Ley de Contratos del Sector Público de 2017, que, partiendo de los mimbres del Real Decreto Legislativo 3/2011, incorpora importantes novedades con la vocación de simplificar el procedimiento, reducir tiempos de adjudicación, mejorar el control de la adjudicación y la ejecución, incorporar una mayor transparencia y rendición de cuentas y, sobretodo, fomentar una nueva cultura de contratación pública. La LCSP pretende superar la tradicional inercia burocrática (y el mantra del “siempre se ha hecho así”) para hacer la contratación pública un instrumento que permita una más eficaz, eficiente y colaborativa gestión de la contratación pública (lo que exige “innovación” en la práctica de la contratación pública).
Por otra parte, la contratación pública debe ser regulada desde la óptica de consecución efectiva y eficiente de la prestación demandada, que incluye, por supuesto, aspectos de la calidad vinculados a cierta “sensibilidad” social. Esto exige atender con especial interés a la fase de ejecución del contrato, que debe ser comprendida desde esta perspectiva del fin derivado de la concreta prestación que se demanda. Aquí radica el cumplimiento de los fines públicos que debe prestar la Administración Pública. Por ello, la normativa de los contratos y su aplicación debe tener una “visión completa” de todas las fases del contrato.
Para estos objetivos, con este Congreso se pretende dar cuenta de las principales novedades y sus consecuencias prácticas, con la finalidad de favorecer una transición “no ruidosa” hacia esta nueva gobernanza de la contratación pública que supere la “presión política” de hacer más por menos y a corto plazo. Y de avanzar, por tanto, a una forma distinta de hacer contratación pública, que se cimiente en una adecuada planificación, la calidad de la prestación (y de su resultado), una eficaz cooperación interadministrativa, una innovadora visión del procedimiento en cuanto a su función y objetivos (donde la calidad es un paradigma irrenunciable) pensado en el mejor cumplimiento del fin público que es la causa del contrato. Y, sobre todo, a una nueva cultura de la colaboración público-privada basada en la lógica del win/win y de la rendición de cuentas como herramientas al servicio de la buena administración.
Estudios sobre Gestión Pública. La Universidad de Zaragoza, que es una de las impulsoras del Observatorio de Contratación y cuenta con cátedras específicas dedicadas a ella, presta además una atención notable a la gestión pública a través de diversas titulaciones y estudios. El grado en Gestión y Administración Pública, y un máster sobre esa especialidad se imparten, respectivamente, en los campus de Huesca y Zaragoza. Y el postgrado en Derecho Local, dirigido a profesionales de los ayuntamientos, se oferta todos los años en colaboración con el Gobierno de Aragón, en los campus públicos de las tres capitales aragonesas.