Redacción. Uno de los principales acuerdos adoptados en la Conferencia Sectorial de Reto Demográfico, celebrada este viernes de manera telemática, ha sido la aprobación del Marco General de Cooperación y los Criterios para la distribución de los créditos consignados en los PGE para Comunidades y ciudades autónomas con destino al impulso y apoyo a proyectos singulares que permitan la transformación territorial repercutiendo en la reversión de la despoblación.
Cada Comunidad Autónoma recibirá 578.947 euros este año para impulsar proyectos en municipios de menos de 5.000 habitantes, pero también pueden ser proyectos de varios municipios unidos, mancomunidades, comarcas, de carácter provincial o incluso autonómico.
Una de las conclusiones de las consultas realizadas dentro de esta Conferencia Sectorial ha sido la necesidad de impulsar inversiones en proyectos singulares que faciliten la transformación de los territorios y potencien su posición como zonas atractivas para la inversión y la generación de oportunidades. En definitiva, apostar por un nuevo modelo productivo sostenible y equitativo que mejore la cohesión territorial apostando por la inserción de las zonas vulnerables en la actividad económica.
Tal y como ha señalado el consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro, dentro de este marco de colaboración, “las Comunidades Autónomas tenemos que identificar y decidir cuáles son los proyectos que nos parecen más efectivos para revertir el problema de la despoblación”. En este sentido ha señalado que “es una oportunidad para poder atender las necesidades de manera específica adaptando las inversiones”.
Los proyectos que podrán optar a financiación deberán potenciar los recursos endógenos, tener un contenido transversal, contar con una previsión temporal y un calendario de actuaciones, recoger los gastos financiables y tener una perspectiva de género. La selección de los lugares en los que se desarrollen, deberán contar con un estudio sobre los aspectos geográficos, demográficos y económicos.
El Gobierno de Aragón podrá seleccionar e impulsar proyectos en colaboración con las administraciones locales y los agentes sociales de zonas rurales, teniendo como marco de actuación las medidas contempladas en la Directriz Especial de Política Demográfica y contra la Despoblación.
Desde hoy existe un plazo de 30 días hábiles para definir estos proyectos y comunicarlos al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.