Redacción. El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Joaquín Olona, ha anunciado un plan de choque de 30 millones de euros para llevar a cabo actuaciones de caminos y accesos a fincas en municipios con concentraciones parcelarias finalizadas y con infraestructuras de vialidad pendientes de ejecutar.
“La concentración parcelaria es una herramienta en favor de la protección de la agricultura familiar y así se recoge en la futura ley”, ha destacado Olona. El consejero también ha resaltado el carácter medioambiental de la concentración, puesto que “el reducir la dispersión de las parcelas reduce las emisiones difusas, contribuye al ahorro energético y por otro lado, reparte el coste social de las áreas de especial importancia ambiental”.
Son en total 22 los términos municipales en los que, finalizada la concentración y entregadas las nuevas fincas, tienen pendientes total o parcialmente las obras de caminos. Seis de ellos pertenecen a la provincia de Huesca (Gurrea de Gállego, Monflorite, Igriés, Calcón, Albero Bajo, Robres), ocho a la de Teruel (Caudé, Rodenas, Bello, Bañón, Argente, Cella, Bronchales, Cucalón) y también ocho a la provincia de Zaragoza (Mianos, Las Cuerlas, Almochuel, Gallocanta, Gelsa, Pozuelo, Valpalmas, Monreal de Ariza). De la inversión de 30 millones para llevar adelante el plan, 11,1 se corresponden con la provincia de Teruel, 10,3 a Zaragoza y 8,6 millones a la provincia de Huesca.
La ejecución del Plan se ha iniciado ya, habiéndose adjudicado una de las obras, y previendo el inicio de la licitación de cinco actuaciones más que ya cuentan con los proyectos de obra ejecutivos redactados. Para el resto de proyectos se iniciará en 2022 la redacción de los mismos, con un horizonte de finalización de las obras entre 2027-2029.
La financiación necesaria para la ejecución de este Plan, provendrá tanto de la ampliación de fondos tanto europeos (FEADER) como estatales y autonómicos que ha recibido el actual Programa de Desarrollo Rural de Aragón (PDR) para el periodo de prórroga 2021-2022 y que podrán ejecutarse hasta 2025, así como con los fondos también previstos para este fin en el futuro PDR integrado en el Plan Estratégico de la PAC 2023-2027, que podrá ejecutarse hasta 2029.
En la actualidad, en Aragón se están desarrollando actuaciones de concentración parcelaria -en sus diferentes fases- en 59 zonas.
Los procedimientos de concentración parcelaria son actuaciones tradicionales de la administración agraria, que permiten alcanzar diferentes objetivos en base al reagrupamiento geográfico de parcelas dispersas de las que son propietarios, en un solo lugar. Objetivos como el de ahorro de combustible y tiempo en la ejecución de las tareas de cultivo, dado que evita que los agricultores tengan que recorrer distancias significativas para trasladarse de uno a otro campo, así como la obtención de parcelas de mayor tamaño que facilitan poder operar con maquinaria de mayor dimensión y eficiencia energética, redundan directamente en un menor coste para las explotaciones y menor afección ambiental por reducción de emisión de CO2 a la atmósfera.
Pero también presentan otras virtudes clave en determinadas ocasiones, como la utilización de este procedimiento para el reparto de pequeñas zonas de regadío social entre todos los propietarios de un municipio, de forma que al final todos puedan disponer de una parte en el regadío y el resto en secano, o el de resguardar o establecer nuevas posibilidades de gestión para áreas de especial importancia ambiental, repartiendo el coste social que ello puede suponer entre todos los propietarios de un área concentrada.
Estas actuaciones parten de la iniciativa de los ayuntamientos y propietarios de las zonas a concentrar, que deben alcanzar grandes acuerdos sociales para que puedan ponerse en marcha dado que suponen un cambio drástico de la distribución de la propiedad tanto en el aspecto jurídico (nuevos títulos de propiedad y escrituras) como también en la ubicación física de las parcelas. Todo ello en base a unos procedimientos de ejecución largos en el tiempo y extremadamente garantistas, ya que se afecta algo tan relevante como la propiedad. Finalmente se entrega, a cada agricultor, de las nuevas escrituras y las fincas de reemplazo correspondientes de forma concentrada en un lugar determinado, sustituyendo a sus anteriores propiedades dispersas en el territorio.
Una vez finalizado el referido proceso, la nueva conformación física de las parcelas, hace necesaria una nueva actuación de la administración para adecuar los caminos y accesos originales a las nuevas parcelas de mayor tamaño y diferente forma. Y es precisamente esta última fase, de ejecución de obras de caminos, la que requería un Plan de choque para su ejecución tal y como también se planteó en el caso de los regadíos pendientes de finalizar, cuyo plan de choque está en plena ejecución en estos momentos.