Redacción. El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha anunciado este viernes en el pleno del parlamento aragonés varias medidas para afrontar la crisis provocada por la guerra de Ucrania. Una de las propuestas pasa por la deducción, en el tramo autonómico del IRPF, a las familias que acojan niños ucranianos y a quienes hagan donaciones a este país en guerra.
Además, el presidente ha avanzado que, dado el actual contexto económico, su Gobierno aprobará un decreto-ley que regule las revisiones de los contratos relacionados con las obras en el ámbito de la administración de la Comunidad y otro que agilice la gestión de los fondos europeos MRR, y por ello la transición energética, y que articulará mecanismos de liquidez a las empresas aragonesas afectadas por el impacto de la crisis, así como otras posibles ayudas.
Entre ellas, ha adelantado que se va a habilitar una línea de financiación a través de Sodiar con 7 millones de euros e interés cero que se debatirá en las próximas fechas con los agentes sociales y que el Gobierno de Aragón adelantará al 7 de abril el pago pendiente de la PAC, alrededor de 33 millones, que afectará a 32.000 perceptores.
Además, ha anunciado un fondo de 18 millones de euros -financiado a partes iguales también por Europa y el Gobierno de España- para aliviar el impacto de la guerra en el sector primario, mientras que Aragón Exterior (Arex) está reforzando sus mecanismos para dar soporte a las empresas con relaciones comerciales con Ucrania y Rusia que quieran diversificar mercados.
Lambán ha enumerado también distintas medidas que su Gobierno reclama al central, como el abaratamiento de la energía, y le apoya en sus gestiones al respecto en Europa, y la creación de un fondo adicional de respaldo presupuestario a las Comunidades para sufragar los gastos que aún genera la pandemia de covid-19 y para hacer frente a las nuevas obligaciones de inversión que genera la guerra en Ucrania.
También la reutilización del fondo de solvencia empresarial para los sectores más afectados por la crisis, ya que a Aragón le sobró la mitad por las dificultades en la gestión, como le ocurrió al resto de comunidades, así como el apoyo al Gobierno de España en las medidas que tiendan a minimizar los costes laborales del impacto de la guerra, la revisión de los criterios para poder acceder al Ingreso Mínimo Vital y una moratoria la amortización de los préstamos ICO.