Redacción:/ Mejorar de forma relevante la utilización de los medios electrónicos tanto en las relaciones entre los ciudadanos y la Comunidad Autónoma como, internamente, en la gestión y en las relaciones con otras administraciones. Ese es el objetivo del contrato que el Gobierno de Aragón tiene previsto adjudicar próximamente por un importe total de 4,8 millones de euros, cofinanciados al 50% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Es decir, 2,4 millones serán reembolsados a Aragón por la Unión Europea.
El contrato, con una duración de dos años prorrogables hasta una tercera anualidad, salió a licitación el pasado 12 de mayo por un importe de 6 millones de euros, precio que se ha reducido en un 20% tras la valoración de las ofertas por parte de la Mesa de Contratación, dependiente todavía del Departamento de Hacienda y Administración Pública, aunque, al final del proceso, la adjudicación recaerá en el de Innovación, Investigación y Universidad como titular de estas competencias tras la reestructuración aparejada a la constitución del nuevo Gobierno aragonés salido de las elecciones autonómicas del 24 de mayo.
Dada la complejidad y el volumen económico, se considera que ha habido un alto nivel de participación en el proceso, con ocho empresas –algunas constituidas en Uniones Temporales (UTEs)- que han presentado tres y cuatro ofertas, respectivamente, para cada uno de los dos lotes excluyentes entre sí en que está dividido este “contrato de servicios para el desarrollo integrado, ampliación, adaptación y mantenimiento de las aplicaciones y servicios generales de administración electrónica del Gobierno de Aragón”.
En principio, la mejor oferta para el primer lote ¬-“desarrollo integrado de nuevos servicios y mejoras, actualización tecnológica, mantenimiento, soporte e información a usuarios”- ha sido presentada por la UTE integrada por IA SOFT ARAGON S.L. e HIBERUS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN S.L por un importe de 3.531.674 euros. Y para el segundo -“Oficina Técnica de apoyo a la dirección”-, por EVERIS SPAIN S.L.U. por 455.270 euros.
A los precios ofertados hay que añadir el 21% de IVA, con lo que el coste total asciende a 4,8 millones de euros. La ejecución del contrato conllevará la creación de más de 40 nuevos puestos de trabajo en el sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la Comunidad Autónoma, impulsando la innovación y la modernización en las actividades administrativas.
En definitiva, se trata de rebajar el coste que supone a los ciudadanos y empresas acceder a la Administración o relacionarse con ella en la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones. Dichos costes incluyen los desplazamientos, esperas, fotocopias, obtención de certificados, etc. y se considera que pueden reducirse en más de un 90% mediante la utilización de medios telemáticos.
El contrato también contempla otros aspectos de reducción de costes, principalmente asociados a la adopción del Documento y Expediente Electrónico como base de la actividad de los funcionarios públicos, minimizando los tiempos de elaboración y transporte, así como los costes asociados a almacenamiento y conservación de la documentación.
Como resultado, se espera una reducción sensible del tiempo de tramitación administrativa de los asuntos de los ciudadanos y un incremento en el nivel de transparencia de los actos públicos.
Dado el coste inicial y de explotación asociado a las inversiones en materia de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), el Gobierno de Aragón contempla un modelo de prestación de los servicios básicos de Administración Electrónica a los Entes Locales y otras Administraciones de Aragón que les permita, sin coste asociado, acceder a los beneficios de su utilización.
El resto de administraciones públicas y empresas interesadas pueden disponer de todos los resultados obtenidos para su libre uso o modificación dada su licencia de código abierto.
Hasta la adjudicación definitiva, falta la acreditación de las garantías preceptivas por parte de las ofertas seleccionadas, la constitución efectiva de la UTE en el caso de la primera y la fiscalización por parte de la Intervención General antes de la firma por parte de la consejera de Innovación, Investigación y Universidad, Pilar Alegría. El proceso previsiblemente concluirá ya en septiembre.