Redacción:/ El consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón, Vicente Guillén, se ha dirigido por carta al Secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferré, en la que le solicita que los municipios aragoneses afectados en los últimos meses por incendios y otras catástrofes naturales sean tenidos en cuenta cuando entre en vigor el Real Decreto Ley que en estos momentos está redactando el Gobierno de la Nación para paliar los daños ocasionados por este tipo de circunstancias.
Vicente Guillén pone de manifiesto en la carta que el Gobierno de Aragón ya aprobó el pasado mes de marzo el Decreto-Ley 1/2015, de 9 marzo, por el que se establecen medidas urgentes para reparar los daños causados y las pérdidas producidas en territorio aragonés por los desbordamientos acontecidos en la cuenca del Ebro. Una Orden posterior estableció las bases y se convocaron las subvenciones destinadas a entidades locales, ayudas que pueden ser complementarias con las recibidas por otras Administraciones Públicas.
El consejero de Presidencia entiende que “las entidades locales aragonesas no sólo se han visto afectadas por los daños causados por los desbordamiento de la cuenca del Ebro sino también por otra catástrofes naturales, en concreto los incendios forestales, que este año han provocado la devastación de gran superficie forestal y arbolado del territorio en Aragón”.
En opinión del consejero Guillén, que las entidades locales aragonesas que han de llevar a cabo actuaciones de reparación o restitución como consecuencia de las inundaciones producidas por el desbordamiento en la cuenca del Ebro, “cumplen los requisitos previsto en el Real Decreto-Ley 2/2015, de 6 de marzo, de medidas urgentes para reparar loa daños causados por las inundaciones y otros efectos de los temporales de lluvia, nieve y viento acaecidos en los meses de enero, febrero y marzo de 2015”.
Entre las ayudas destinadas a paliar los daños provocados en el artículo 4 de este Real Decreto se establece una ayuda estatal de hasta el 50% del coste correspondiente de la ejecución de obras de reparación o restitución de infraestructuras, equipamiento e instalaciones y servicios de titularidad municipal, comarcal, de mancomunidades y diputaciones provinciales. Una Orden posterior determinó los municipios aragoneses que recibirán estas ayudas.