Redacción. El Consejo de Ministros ha aprobado el reparto del Fondo Social extraordinario para hacer frente a la situación derivada del COVID19, dotado con 300 millones de euros, y 25 millones de euros del Fondo de Alimentación Infantil y que fue aprobado por el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo. Aragón recibirá 9.905.392 euros del primero y 899.250 euros del segundo, cumpliendo así con el compromiso del Gobierno de atender a los más vulnerables. Para el reparto se ha tenido en cuenta el número de habitantes, el envejecimiento de la población y la dispersión.
Recordamos que el Ministerio de Hacienda autorizó la aplicación del Fondo de Contingencia y la concesión de un suplemento de crédito al ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 por un importe de 300 millones que se transferirá a las comunidades autónomas para reforzar sus políticas sociales y de atención a familias, especialmente aquellas en situación de mayor vulnerabilidad. Se trata de personas mayores, dependientes, personas sin hogar o familias monoparentales entre otros.
Este dinero se transferirá a Aragón para financiar proyectos y contrataciones laborales necesarias para el desarrollo de prestaciones como:
– Reforzar los servicios de proximidad de carácter domiciliario
– Incrementar y reforzar el funcionamiento de los dispositivos de teleasistencia domiciliaria
– Trasladar cuando sea necesario al ámbito domiciliario los servicios de rehabilitación
– Reforzar los dispositivos de atención a personas sin hogar
– Adquirir medios de prevención
– Ampliar las plantillas de centros de servicios sociales o centros residenciales
En cualquier caso, el Fondo Social se puede utilizar para cualquier política que las comunidades autónomas consideren imprescindible y urgente para atender a las personas especialmente vulnerables con motivo de esta crisis.
Además, Aragón recibe 899.250 euros de la línea de ayudas destinadas a garantizar el derecho básico de alimentación a niños y niñas en situación de vulnerabilidad que se encuentren afectados por el cierre de centros educativos, según el Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo. El reparto, acordado en el Consejo Interterritorial de Servicios Sociales, trata de garantizar este derecho básico.
Se trata de niños que recibían en sus centros educativos una beca comedor, y que ante el cierre de los mismos, se encuentran desprovistos de esta comida esencial. Las ayudas podrán consistir en transferencias económicas directas o la prestación directa de distribución de alimentos. Serán beneficiarias las familias con alumnado desde educación infantil hasta secundaria a quienes las comunidades autónomas o los servicios sociales municipales hayan concedido becas o ayudas para el comedor escolar durante el presente curso académico. Las ayudas se prolongarán mientras permanezcan clausurados los centros educativos, sin perjuicio de su revisión en función de la duración de esta circunstancia.
Línea de avales para garantizar la liquidez de empresas y autónomos
El Consejo de Ministros también ha aprobado hoy el Acuerdo que recoge las características del primer tramo, por importe de hasta 20.000 millones de euros, de la Línea de Avales para empresas y autónomos. El Gobierno da así cumplimiento al compromiso con las empresas, especialmente con los trabajadores autónomos y las pymes, de poner en marcha las medidas necesarias para garantizar su liquidez y preservar la actividad productiva y el empleo.
La Línea de Avales garantizará los nuevos préstamos y las renovaciones concedidas por entidades financieras a empresas y autónomos para atender las necesidades de financiación derivadas, entre otros, de pagos de salarios, facturas, necesidad de circulante u otras necesidades de liquidez, incluyendo las derivadas de vencimientos de obligaciones financieras o tributarias.
Esta Línea será gestionada por el Instituto de Crédito Oficial, en colaboración con las entidades financieras. Podrán solicitar estos avales las empresas y autónomos afectados por los efectos económicos del COVID-19, siempre que los solicitantes no estuvieran en situación de morosidad a 31 de diciembre de 2019 y en procedimiento concursal a 17 de marzo de 2020. Los avales tendrán carácter retroactivo y podrán solicitarse para las operaciones formalizadas con posterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2020, que se produjo el pasado día 18 de marzo.
El aval garantizará el 80% de los nuevos préstamos y renovaciones de operaciones solicitadas por autónomos y pymes. Para el resto de empresas, el aval cubrirá el 70% del préstamo nuevo concedido y el 60 de las renovaciones. El aval emitido tendrá una vigencia igual al plazo del préstamo concedido, con un plazo máximo de cinco años. El coste del aval, de entre 20 y 120 puntos básicos, será asumido por las entidades financieras.
Las empresas y autónomos interesados podrán solicitar la garantía para sus operaciones hasta el 30 de septiembre de 2020 dirigiéndose a las entidades financieras con las que el ICO haya suscrito los correspondientes acuerdos de colaboración. Las entidades financieras se comprometen a mantener los costes de los nuevos préstamos y de las renovaciones que se beneficien de estos avales en línea con los costes aplicados antes del inicio de la crisis del COVID-19. También asumen el compromiso de mantener, al menos hasta el 30 de septiembre de 2020, los límites de las líneas de circulante concedidas a todos los clientes y, en particular, a aquellos clientes cuyos préstamos resulten avalados.