Redacción. El consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro, y la directora general de Vivienda y Rehabilitación, Verónica Villagrasa, han presentado el reparto de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Next Generation EU, dentro del Programa de ayuda a la construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes.
Tal y como ha explicado el consejero Soro “el objetivo es incrementar el parque público de viviendas para destinarlas al alquiler social y asequible”. Para Soro “la falta de vivienda social es un problema desde el punto de vista de la justicia y la equidad social, es necesario aumentar el parque público de vivienda para ofrecer alternativa habitacional a las personas más vulnerables, pero, además, en Aragón la construcción de vivienda de alquiler en el medio rural es una medida esencial para hacer frente a la despoblación”.
Con el reparto planteado por el Gobierno de Aragón se beneficiarán un total de 40 municipios y se construirán hasta 900 nuevas viviendas de alquiler. Las obras deberán estar finalizadas el 30 de junio de 2026 y el reparto de los fondos, 29 millones, se realizará en dos fases.
En la primera fase participarán los 29 ayuntamientos que más maduros tienen los proyectos y en la segunda los 11 con proyectos sobre los que todavía hay que resolver cuestiones técnicas.
Los municipios de Barbastro, Fiscal, Jasa, La Puebla de Híjar, San Esteban de Litera o Zaragoza contarán con financiación en las dos fases. Soro ha destacado que en el reparto se incluyen municipios como Zaragoza, Monzón, Barbastro, pero también muchos municipios de menos de 500 habitantes, incluso de menos de 100 habitantes.
Listado del reparto de fondos
Con este programa se financia tanto la promoción de vivienda de nueva construcción como la rehabilitación de edificios que no estén destinados actualmente a vivienda, siempre que los terrenos sean de titularidad pública y siempre para destinar las viviendas al alquiler.
El programa estatal está dotado con 1.000 millones de euros de los cuales 500 se han repartido en 2022 y otros 500 se repartirán en 2023. La distribución por Comunidades Autónomas se ha realizado teniendo en cuenta la Encuesta Continua de Hogares del INE del año 2020. A Aragón le corresponde el 2,9% de manera que se han recibido ya un total de 14,5 millones en 2023 y otros 14,5 millones que se recibirán en 2023.El departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda lanzó en noviembre de 2021 una consulta a los ayuntamientos de Aragón para conocer el interés y posibilidades para la construcción de vivienda.
José Luis Soro ha explicado que “a la vista del interés y el potencial de los ayuntamientos, se ha decidido destinar íntegramente los 29 millones a todos los ayuntamientos que han mostrado interés” para que sean ellos los que promuevan vivienda en los suelos de su propiedad o para que conviertan en vivienda edificios que ahora no lo son.
Una vez definidos los proyectos, será necesario suscribir un acuerdo en el seno de la Comisión Bilateral de Seguimiento entre el Ministerio, el Gobierno de Aragón y con cada uno de los ayuntamientos para que se puedan transferir los fondos e iniciar las obras.
En este convenio se establecerá también el precio máximo de alquiler de las viviendas y los requisitos que deberán cumplir las personas que accedan a ellas. Tal y como ha señalado Soro “el objetivo es fijar las condiciones en función de las necesidades de cada ayuntamiento”.
Añade que con estas ayudas se atienden tres realidades diferentes, por un lado, la necesidad de vivienda social para dar respuesta a los casos más vulnerables. Por otro lado, atender la falta de vivienda de alquiler en el medio rural y, por último, atender necesidades en municipios turísticos donde es complicado encontrar vivienda para trabajadores a precios asequibles.
El “Programa de ayuda a la construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes” busca incrementar sustancialmente la oferta de vivienda en alquiler a precio limitado. Además, sirve para avanzar en la transición ecológica y la lucha contra la pobreza energética.
Características del programa
Los edificios que se construyan o rehabiliten deberán tener un consumo de energía primaria no renovable un 20% inferior a los valores límite establecidos en el Código Técnico de la Edificación para edificios nuevos de viviendas.
La cuantía de la ayuda es de 700 euros por metro cuadrado de superficie útil de la vivienda, con un máximo de 50.000 euros por vivienda.
Las viviendas que se construyan o rehabiliten deberán destinarse al alquiler social o a precio asequible durante un plazo mínimo de 50 años. Solo podrán ser arrendadas a personas que vayan a tener su domicilio habitual y permanente en la vivienda, priorizando siempre el criterio social y limitando los ingresos máximos que los titulares del contrato de arrendamiento pueden tener.
Las obras deberán estar finalizadas el 30 de junio de 2026. La distribución de los fondos entre los ayuntamientos garantiza que todos los municipios que se presentaron a la consulta previa van a disponer de fondos suficientes para ejecutar proyectos, con el límite de 700 euros por metro cuadrado y 50.000 euros por vivienda.
Datos sobre vivienda social
La vivienda social de titularidad pública en España representa tan solo el 1,6% sobre el total de los hogares. Con la suma de la vivienda pública y la vivienda privada que también se dedica al alquiler social el porcentaje se sitúa en el 2,5% del parque de vivienda, muy inferior a la media de la Unión Europea, que asciende al 9,3% del total.
Según datos de Eurostat, casi el 40% de la población que vive de alquiler en España a precios de mercado destina más del 40% de sus ingresos al pago del alquiler.