Redacción. El Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón va poner en marcha la Prestación Aragonesa Complementaria para adecuarse a la nueva realidad social que dibuja el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y va a establecer los mecanismos para crear el Servicio Público Aragonés para la Inclusión Social, una nueva estructura administrativa que favorezca la inserción social y laboral. Ambas medidas han sido detalladas esta mañana en rueda de prensa por la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto; y el director gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), Joaquín Santos, que han destacado, en primer lugar, que “el IMV es la medida social más importante de lucha contra la pobreza que se ha puesto en marcha en España en democracia”.
El cambio normativo –aprobado en Consejo de Gobierno con naturaleza de Decreto Ley- implica la desaparición del Ingreso Aragonés de Inserción (IAI), que debe redefinirse ante la nueva situación y que viene a cubrir aquellas situaciones que ya cubría el IAI, pero no queda recogidas en el IMV, o bien otras que la Comunidad considere necesario abordar. La modificación -tal como ha explicado la consejera- tiene como objetivos fundamentales “garantizar una respuesta digna a las situaciones de pobreza llegando allí donde no llega el Ingreso Mínimo Vital, y poner en marcha un sistema de responsabilidad pública de apoyo a la inclusión social”. Del mismo modo, se persigue reordenar el conjunto de ayudas estatales y autonómicas, evitar duplicidades y facilitar la complementación de las ayudas.
Obligación de solicitar el IMV hasta el 15 de septiembre
María Victoria Broto ha recordado que es obligatorio que los perceptores del Ingreso Aragonés de Inserción o de la Ayuda de Integración Familiar (AIF) soliciten el IMV (tienen de plazo hasta el 15 de septiembre para hacerlo y hasta el 1 de octubre para presentar el justificante), pero ha dejado claro que “los actuales perceptores del IAI van a seguir percibiéndolo en tanto no se resuelvan sus peticiones del IMV con el objetivo de que no se produzca una situación de desprotección”.
En esta línea, ha remachado que “este reajuste supone la coordinación de las prestaciones de la Comunidad y la nueva estatal para garantizar respuestas inclusivas y dignas a situaciones de pobreza y exclusión social”. De los cerca de 8.000 perceptores actuales del IAI, la práctica totalidad tendría derecho al IMV y de los 4.000 que reciben la Ayuda de Integración Familiar, aproximadamente la mitad. No obstante, se está estudiando cada situación.
Los responsables del Departamento de Ciudadanía han señalado que se está trabajando intensamente con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para establecer un mecanismo de pase automático de los expedientes del IAI y la Ayuda de Integración Familiar (AIF) al nuevo IMV.
Prestación aragonesa complementaria del IMV
En concreto, sobre la Prestación Aragonesa Complementaria del IMV, el gerente del IASS ha detallado que las personas susceptibles de recibir esta ayuda son aquellas que “encontrándose en situación de vulnerabilidad no cumplen todos los requisitos para ser titulares el IMV”. Esta prestación, que se tramitará en los centros de Servicios Sociales, complementará cualquier otro ingreso que tenga la unidad familiar, está dirigido a personas que no tienen los ingresos suficientes para hacer frente a necesidades básicas y se trata de una prestación de carácter personal que no puede ser retenida ni embargada. La cuantía oscilará entre los 462 y los 1.015 euros, en función de cada situación particular.
Según el análisis realizado hasta el momento, dentro de esta situación figuran, al menos, dos perfiles de ciudadanos en situación de vulnerabilidad: las personas de entre 18 y 22 años que hayan estado bajo la guarda o tutela de la Administración y sigan un programa de emancipación hacia la vida independiente y las personas sin hogar. En este último caso, para recibir esta prestación se requiere que participen en programas de promoción y lleven, al menos, un año de los tres últimos en Aragón. Sobre la primera situación, en estos momentos en Aragón hay 44 jóvenes dentro de los programas de transición a la vida independiente y 18 en el programa de empleo juvenil. A los dos perfiles que ahora estarían incluidos en la Prestación Aragonesa Complementaria del IMV se unirán otros si así se decide cuando esté claro el impacto y el alcance concreto del IMV.
El objetivo del Decreto Ley es establecer un marco legal que permita desarrollar reglamentariamente las condiciones de acceso y las características de la prestación que de cualquier manera se señala que responderá a la nueva lógica establecida por el IMV. Del mismo modo se señala que se pretende incluir otras situaciones de vulnerabilidad que queden fuera del ámbito de protección de la Seguridad Social.
Servicio Público Aragonés para la Inserción Social
El decreto también prevé la puesta en marcha de un Servicio Público Aragonés para la Inserción Social que tiene como objetivo –ha detallado Santos- “atender de forma individualizada los casos y las situaciones de exclusión que hay en Aragón para diseñar itinerarios personales que permitan a estas personas salir de la exclusión y la pobreza y, sobre todo, evitar que esta se cronifique”. El objetivo es que esté coordinado con las políticas de empleo, educación y vivienda.
A este nuevo servicio se adscribirán los recursos humanos que hasta ahora gestionaban el IAI tanto en la administración autonómica como en la local (comarcas y ayuntamientos) de modo que los recursos, especialmente los trabajadores sociales, del sistema reorientarán sus actuaciones a prestar servicios en lugar de a tramitar prestaciones económicas.
Se trata, ha explicado el gerente del IASS, “de una propuesta largamente demandada, una aspiración que ahora puede ponerse en marcha para dar sentido a la vocación de los servicios sociales de favorecer la integración y la salida de la marginalidad”. El Instituto Aragonés de Servicios Sociales empieza ahora a trabajar en su estructura y funcionamiento y el objetivo es que el nuevo servicio que se va a desarrollar reglamentariamente en los próximos meses y que podría estar funcionando en el plazo de un año.